5 preguntas para entender la crisis de TV Azteca tras petición de bancarrota
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El productor de contenidos en español enfrenta las presiones de un grupo de tenedores de bonos por un tema de impago. Aquí te compartimos cinco preguntas clave para entender la situación actual de la empresa.
TV Azteca no está atravesando por uno de sus mejores momentos. El conglomerado de contenidos en español se enfrenta a la presión de un grupo de tenedores de bonos, que solicitaron su bancarrota involuntaria argumentando que la emisora les debe más de 63 millones de dólares.
TV Azteca es uno de los dos principales productores de contenido para televisión en español en el mundo.
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En la actualidad, opera cuatro canales de televisión en México: Azteca uno, con contenidos enfocados específicamente para las mujeres; Azteca 7, cuya estrategia se centra en las familias; adn40, el primer canal de televisión abierta informativo las 24 horas; y a más+, una red de señales locales.
El modelo de negocio de TV Azteca se gira alrededor de los siguientes pilares, según su propia información:
- Producción, adquisición y comercialización de programación
- Administración de costos y gastos
- Distribución a través de repetidoras o estaciones propias
- Selección estratégica de programación
- Otras inversiones
5 preguntas para entender la crisis actual de TV Azteca
1. ¿Por qué TV Azteca cayó en esta situación?
La emisora controlada por el empresario Ricardo Salinas Pliego lleva meses bajo la presión de sus acreedores para pagar sus deudas, que hasta finales de septiembre del año pasado superaron los 9 mil 840 millones de pesos (unos 526 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento).
En medio de la polémica, el grupo no ha presentado su reporte financiero del último trimestre de 2022.
2. ¿Quiénes son los acreedores que están presionando?
Las firmas Plenisfer Investments SICAV con sede en Luxemburgo, Cyrus Capital Partners con sede en Nueva York y Sandpiper Ltd, registrada en las Islas Caimán, presentaron en un tribunal federal de Nueva York la petición para que la televisora del Ajusco entre en bancarrota involuntaria argumentando que no se les ha pagado 63.3 millones de dólares que les debe.
3. ¿Cuál es la postura de TV Azteca?
Tras darse a conocer la noticia en medios, el gigante de contenidos en español reiteró su compromiso, así como disposición para dialogar con sus tenedores de deuda del bono con vencimiento en 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para ambas partes.
“Como siempre lo hemos hecho, atenderemos con responsabilidad y firmeza todos los procesos legales, sabedores de que contamos con la razón ética y jurídica, y de que así lo confirmarán las autoridades judiciales”, informó en un comunicado difundido el 21 de marzo de 2023.
Y agregó: “Reiteramos que continuaremos trabajando con una estricta disciplina financiera, gracias a la cual nuestra operación se mantiene sólida a fin de seguir generando los mejores contenidos para nuestras audiencias en televisión abierta y medios digitales”.
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4. ¿Qué ocurrió con sus acciones?
El 22 de marzo de 2023, las acciones del productor mundial de contenidos (BMV: AZTECA CPO) se desplomaron 31.9 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) derivado de la incertidumbre provocada por el grupo de tenedores de bonos.
Los títulos de la televisora pasaron de 72 centavos a 49 centavos, de acuerdo con datos de la BMV.
Esto provocó que el valor de mercado de TV Azteca sufriera una caída de 497.4 millones de pesos para ubicarse en mil 68 millones de pesos.
5. ¿Qué es el Capítulo 11 de protección por bancarrota?
El grupo de tenedores de bonos presentó una “petición involuntaria” para colocar a la televisora en el Capítulo 11 de protección por bancarrota en Estados Unidos.
Un caso presentado bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos se conoce con frecuencia como una bancarrota de “reorganización”.
Es decir que el deudor permanece “en posesión”, tiene los poderes y deberes de un fideicomisario, puede continuar operando su negocio y puede, con la aprobación del tribunal, pedir prestado dinero.
Se propone un plan de reorganización y los acreedores cuyos derechos se ven afectados pueden votar sobre el plan. Posteriormente el tribunal puede confirmarlo si obtiene los votos requeridos y cumple con ciertos requisitos legales.
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