Lo bueno, lo malo y lo feo del Fondo de Pensiones para el Bienestar
La nueva reforma al fondo de pensiones le brindó a los mexicanos una nueva ilusión: la democratización de un sistema de jubilación digno. Sin embargo, algunos especialistas dudan sobre la viabilidad y transparencia de este proyecto.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar es una realidad. A partir del primero de mayo el gobierno puso en marcha esta iniciativa que se presentó con el propósito de democratizar el acceso a una jubilación del 100 por ciento.
Sin embargo, muchos mexicanos pusieron en duda el origen de los fondos para las pensiones.
De acuerdo con información oficial, el 75 por ciento su financiamiento provendrá de los recursos derivados de las incautaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y de los recursos del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
El otro 25 por ciento provendrá de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). Además de adeudos de entes públicos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores).
Después de una ola de esperanza, los mexicanos pusieron en duda la naturaleza del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Su creación vulnera el derecho a la propiedad privada? ¿Qué bondades presentaría este cambio en la ley?
Al respecto, Diego Díaz, coordinador de Finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), menciona que, a pesar de prometer democratizar el acceso a un pago por jubilación, la ambigüedad reforma hace dudar sobre su naturaleza.
“Este cambio es muy ambiguo y difiere mucho de la iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente el pasado 5 de febrero. Esta también tenía el propósito de crear un fondo de pensiones para el bienestar”.
Uno de los aspectos que más preocupa al experto es que el Estado mexicano no asume el compromiso de garantizar una tasa de reemplazo al 100 por ciento. Es decir, que la pensión sea igual a su último salario para los trabajadores elegibles.
Sin embargo, ese es apenas una de las preocupaciones de algunos académicos e investigadores.
Fondo de Pensiones para el Bienestar, claves para entender esta iniciativa
Lo malo del Fondo de Pensiones para el Bienestar
No es secreto que a lo largo de los años el sistema de pensiones en México ha estado lleno de deficiencias. En un análisis hecho por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se mencionan tres deficiencias que en los últimos 100 años han puesto en aprietos a los jubilados del país.
“El sistema de pensiones mexicano es desigual, insostenible y carece de transparencia”, explicó el organismo.
No obstante, esta nueva estructura planteada por el presidente, sigue presentando las mismas características negativas, según Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
“El gasto en pensiones ha crecido en los últimos años hasta posicionarse como el gasto más social, más importante del gobierno. Gastamos más en pensiones que en educación y que en salud. Con estos crecimientos el gasto es insostenible, dado que nuestros ingresos son bastante bajos y estables”.
Una de las preguntas más importantes que se hace la líder es: ¿Cómo van a financiar ese fondo para brindarle a los ex colaboradores el 100 por ciento de su sueldo? Para Macías, esta es la principal muestra de que el Fondo de Pensiones para el Bienestar perpetúa un sistema sin transparencia.
En 2020, la población de 65 años o más ascendió a más de 9 millones 763 mil personas. Esto representó el 7.7 por ciento de la población total según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que para 2050 se espera que hayan más de 24 millones de personas mayores, lo que constituiría el 16.5 por ciento de la población total.
Esto implica más del doble de la proporción registrada en 2020 en un lapso de apenas 30 años.
Toma nota, estas generaciones no contarán con una pensión para su retiro
Lo feo detrás del la nueva reforma de pensiones: No es para todos
Para que los colaboradores puedan obtener su pensión a través del nuevo fondo creado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, deben de cumplir con tres reglas:
- Tener mínimo 65 años
- Que coticen en el sistema Afore desde julio de 1997 en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y desde abril de 2007 en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
- Que la suma de su pensión no rebase los 16 mil 777 pesos al mes
Alejandra Macías explica que, con estas bases, la reforma solo beneficiará a un pequeño universo de ex colaboradores, casi a 9 mil.
Los requisitos para formar parte de este programa son muy específicos y esta es una de las principales debilidades de esta reforma, misma que lo despoja de su sentido democratizador, agrega Diego Díaz.
“En este sentido, las declaraciones de los promotores de esta iniciativa, acerca de que todos los trabajadores van a recibir un apoyo en el 100 por ciento de la tasa de reemplazo no es cierto”.
La realidad es que no todos los trabajadores van a cumplir con estas tres condiciones que son bastante complicadas de atender.
¿El Fondo de Pensiones para el Retiro trae algo bueno?
El Fondo de Pensiones para el Retiro, bajo la lupa de los especialistas, dista de los elementos básicos para ser una propuesta que realmente democratice el acceso a un retiro digno.
Otra realidad a la que se debe de enfrentar el gobierno es que los mexicanos están envejeciendo. Por lo tanto, la principal preocupación de las próximas administraciones debe de ser proveer de pruebas sólidas que demuestren de dónde saldrá el financiamiento de una reforma de este envergadura.
Sin embargo, para Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, esto puede ser el inicio de una serie de modificaciones a la ley que beneficien a los adultos mayores.
“Me parece que es una deuda que teníamos con esos trabajadores y que no es una mala idea, pero en esa dimensión, no en la dimensión de todo el sistema de pensiones”.