Durante años, los países competían por atraer a las empresas con exenciones fiscales, sin embargo, una reforma fiscal está a punto de cambiar el escenario.
A finales de este año, el sistema fiscal mundial experimentará un cambio histórico que tendrá implicaciones para las empresas multinacionales (EMN). La reforma fiscal que se avecinan impondrán importantes cargas de cumplimiento a las EMN y deberían incitar a los directivos a reconsiderar si sus modelos operativos globales siguen siendo adecuados para su propósito.
Durante décadas, los países han competido intensamente para atraer las operaciones de las EMN recortando sus tipos del impuesto de sociedades y reduciendo su base imponible. Pero esta competencia está a punto de cambiar significativamente. Ahora 138 jurisdicciones, que representan casi el 95 por ciento del producto interior bruto mundial, han llegado a un acuerdo para finalizar a la competencia fiscal mundial.
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El acuerdo, que forma parte de una iniciativa liderada por los países del G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), exige que todas las empresas multinacionales estén sujetas a un impuesto mínimo del 15 por ciento en cada país extranjero en el que operen. Se espera que las principales jurisdicciones, incluidos todos los miembros de la Unión Europea, apliquen las nuevas normas en 2024.
El reforma fiscal representa un momento decisivo para la regulación empresarial mundial. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, consideremos que el tipo medio del impuesto de sociedades entre los países de renta alta que componían la OCDE en 1980 era del 47 por ciento. Además de que esa media había descendido hasta el 23 por ciento en 2021.
Las administraciones Obama y Biden, entre otros gobiernos de todo el mundo, se han referido a este descenso como una “carrera hacia el fondo“. Otros expertos en política afirman que la disminución es el resultado de una competencia sana alimentada por la política fiscal.
Además de la tendencia a la baja de los tipos del impuesto de sociedades, la complejidad de la tributación de los ingresos transfronterizos ha supuesto durante mucho tiempo que los beneficios de algunas EMN pudieran escapar legalmente a la tributación por completo o tributar muy poco.
Las empresas han utilizado durante mucho tiempo complejas estructuras fiscales con nombres curiosos, como el “doble irlandés” y el “sándwich holandés”, para explotar las diferencias en la caracterización de los pagos y las entidades por parte de los países y crear ingresos apátridas.
Esto ha alimentado la percepción entre algunos legisladores y la opinión pública, especialmente en Europa, de que las empresas multinacionales han estado manipulando el sistema para evitar pagar lo que les corresponde. Este sentimiento, junto con la necesidad de ingresos de muchos países tras la crisis financiera mundial de 2008-09, dio lugar a un importante impulso político para alcanzar un acuerdo que abordara la capacidad de las empresas multinacionales para participar en la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).
El proyecto BEPS del G-20 y la OCDE nació de este movimiento. Su primer plan de acción surgió en 2015: BEPS 1.0 estaba dirigido a las técnicas específicas que las EMN utilizaban para trasladar beneficios a países de baja tributación. Bloqueaba en gran medida a las EMN el uso de entidades y pagos híbridos para crear ingresos apátridas.
Además, se revisaron las normas que rigen la fijación de precios de las operaciones con partes vinculadas para dificultar la separación de los beneficios de una empresa multinacional de sus actividades subyacentes de creación de valor.
Aunque este último cambio pretendía que las empresas declararan mayores beneficios en los países de alta tributación, algunas EMN respondieron trasladando más actividades de creación de valor a jurisdicciones de baja tributación.
Así pues, BEPS 1.0 no puso fin a los beneficios de la planificación fiscal estratégica, pero sí exigió más consideraciones operativas, de modo que minimizar el tipo impositivo efectivo de una empresa generalmente requería que su departamento fiscal se inmiscuyera en las decisiones sobre dónde ubicar a los responsables y funciones clave de la empresa. Esto significaba que el ahorro fiscal a menudo se producía a costa de la eficiencia operativa.
Dado que las empresas seguían siendo capaces de mantener niveles relativamente bajos de tributación a través de sus modelos de negocio y jurisdicciones de baja tributación, en 2017 surgió un nuevo mandato del G-20 para que la OCDE abordara los problemas pendientes de BEPS. Denominada BEPS 2.0. Esta nueva fase incluye un plan del Primer Pilar, cuyo objetivo es reasignar una parte de los beneficios de una EMN a las jurisdicciones de mercado en las que se encuentran sus clientes, y un plan del Segundo Pilar que establece un nivel mínimo global de impuestos sobre los ingresos de una EMN derivados de cada jurisdicción en la que opera.
El segundo pilar apunta directamente a la llamada carrera a la baja en los tipos del impuesto de sociedades, con normas detalladas que establecen un sistema coordinado de fiscalidad mundial. Las normas exigen que las empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros (815 millones de dólares) paguen un impuesto de sociedades de al menos el 15 por ciento en todos los países en los que operan.
El cumplimiento se garantiza concediendo a otros países el derecho a imponer un impuesto “complementario” sobre los beneficios de una EMN en cualquier país con un tipo impositivo efectivo inferior al 15 por ciento. Estas normas permiten a los países imponer un impuesto complementario a una entidad del grupo situada en una jurisdicción por referencia a los beneficios del grupo sujetos a un tipo impositivo bajo en otras jurisdicciones.
Esto puede ocurrir incluso si la primera entidad del grupo ya tributa al 15 por ciento o más sobre sus propios beneficios y no tiene ninguna relación accionarial directa ni transacciones comerciales intragrupo con las entidades que generan los beneficios sujetos a baja tributación.
Consideremos una empresa multinacional que opera en varios países, incluido un país con un tipo impositivo del 10 por ciento. ¿A quién se aplica el impuesto adicional del 5 por ciento? En primer lugar, la jurisdicción de la empresa matriz de la EMN.
Si esa jurisdicción no adopta las normas, la prioridad recae en la jurisdicción o jurisdicciones en las que estén situadas las sociedades holding intermedias de la empresa multinacional. Si la empresa multinacional no es propiedad directa o indirecta de una empresa situada en una jurisdicción que ha aplicado las normas, el impuesto complementario se divide entre todas las jurisdicciones en las que opera la empresa que han aplicado las normas, sobre la base de la cuota de cada jurisdicción en los activos globales y la nómina de la empresa multinacional.
Así pues, una empresa multinacional no puede eludir las normas por tener su sede en un país que no las aplique. Debido al estricto diseño global de las normas, la OCDE espera que aumenten los ingresos fiscales mundiales procedentes del impuesto de sociedades en 220 mil millones de dólares al año.
En diciembre de 2022, la UE llegó a un acuerdo para que las normas fiscales mínimas entraran en vigor en los 27 Estados miembros el 1 de enero de 2024. Corea del Sur también aprobó recientemente una legislación similar, y Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y el Reino Unido, entre otros, han indicado públicamente que iniciarán el proceso para aplicar las normas. Un Congreso dividido significa que Estados Unidos será probablemente un caso atípico y no aplicará las nuevas normas a corto plazo.
Sin embargo, como ya se ha mencionado, esa inacción no impedirá que otros países impongan impuestos complementarios a las operaciones de baja tributación de las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos, dondequiera que estén situadas. A menos que se reestructuren, esto podría socavar la eficacia de muchas de las desgravaciones fiscales existentes en Estados Unidos, como la deducción fiscal por I+D.
Las direcciones generales deben responder a este nuevo panorama fiscal global de cuatro maneras, empezando por comprender cuánto más pagará su empresa en impuestos y gestionar las relaciones con los inversores en consecuencia.
Para algunas empresas multinacionales, los costes más elevados procederán principalmente de las cargas administrativas adicionales derivadas de la reforma fiscal y del cumplimiento de la normativa. Otras, sin embargo, también podrían ver aumentar significativamente sus tipos impositivos efectivos y tendrán que gestionar cuidadosamente las expectativas de los inversionistas.
En segundo lugar, los directivos deberían reconsiderar las cadenas de suministro y las estructuras organizativas globales que se diseñaron originalmente para minimizar los impuestos. Un tipo impositivo mínimo del 15 por ciento reduce sustancialmente los beneficios de la planificación fiscal transfronteriza.
Esa planificación a menudo requería que las EMN adoptaran estructuras jurídicas complejas y flujos de productos para localizar los beneficios en jurisdicciones de baja tributación, aunque sus principales generadores de valor y sus clientes estuvieran ubicados en otros lugares.
Por ejemplo, la planificación fiscal que requiere que la titularidad de los bienes tangibles se venda a través de una cadena de múltiples entidades jurídicas puede añadir una complejidad significativa a los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) de una organización, así como a los impuestos sobre el valor añadido y al cumplimiento de las normas aduaneras.
Los altos directivos también querrán examinar de cerca la eliminación de las ineficiencias que pueden haber surgido cuando las consideraciones fiscales, incluidas las estimuladas por los cambios introducidos en BEPS 1.0, crearon presión para ubicar las actividades de creación de valor en jurisdicciones de baja tributación.
Cuando se aplique plenamente el impuesto mínimo global, es posible que este tipo de estructuras organizativas complejas dejen de estar justificadas. Por supuesto, algunas estructuras seguirán siendo ventajosas: Los tipos impositivos efectivos en muchos países superan significativamente el 15 por ciento, lo que deja margen para el arbitraje.
La cuestión es que las EMN deben reevaluar si sus anteriores opciones organizativas orientadas a la fiscalidad siguen mereciendo la pena por su complejidad operativa e ineficiencia, teniendo en cuenta que los beneficios fiscales probablemente se reducirán. Este ejercicio puede ser especialmente importante para las empresas multinacionales que ya están en proceso de transformación, incluidas las que pretenden simplificar sus cadenas de suministro y otras operaciones.
La dirección debería plantearse ¿Cómo se habría organizado la EMN sin tener en cuenta los impuestos? ¿Cuáles son los costes reales de estas estructuras existentes, no sólo en términos de mantenimiento de entidades jurídicas adicionales, sino también en términos de complejidad e ineficacia operativa, riesgo para la reputación y riesgo de que sean cuestionadas por las autoridades fiscales?
La tercera forma en que los ejecutivos C-level deberían responder a estos cambios fiscales es considerar cómo aliviar la carga de cumplimiento que puede abrumar a sus departamentos fiscales y contables. Muchos departamentos fiscales, incluidos los de empresas multinacionales que operan principalmente en jurisdicciones de alta imposición, se han lamentado de la dificultad de acceder a los datos internos que se necesitarán para cumplir las nuevas normas globales.
No ven cómo podrán cumplirlas con su personal actual. Las empresas que revisen sus sistemas ERP deberían considerar proyectos complementarios para automatizar parte del cumplimiento. Para conseguirlo con rapidez, será necesaria la implicación de la alta dirección.
Por último, las empresas deberían considerar la posibilidad de intensificar sus esfuerzos de presión. Dudamos que la competencia fiscal mundial haya quedado realmente atrás. Prevemos una nueva “carrera a la baja” en otros tipos de incentivos gubernamentales para atraer la actividad empresarial a jurisdicciones que no activarán el impuesto adicional en virtud de las nuevas normas de la OCDE.
Las empresas multinacionales pueden aprovechar este momento para presionar en favor de otras políticas de apoyo que compensen parcialmente los reformas fiscales. Por ejemplo, los gobiernos ya están estudiando rediseñar el tipo y la cuantía de las ayudas y subvenciones directas, los mecanismos de garantía y las medidas de apoyo al capital riesgo que ofrecen para las actividades locales de investigación y desarrollo.
También están rediseñando sus incentivos fiscales para comercializar la investigación realizada localmente. Un impulso adicional por parte de las EMN ahora puede significar la diferencia entre la puesta en marcha de políticas favorables o políticas limitadas o inexistentes en este ámbito.
Danielle Rolfes dirige el grupo de fiscalidad internacional de la práctica fiscal nacional de KPMG LLP en Washington. Dan Prud’homme es profesor adjunto en la Escuela de Negocios de la Universidad Internacional de Florida. Vinod Kalloe es el responsable de política fiscal de KPMG para Europa, Oriente Medio y África (EMA), con sede en los Países Bajos.