Si ganas más de 227 mil 440 pesos vendiendo criptomonedas, será mejor que te prepares porque la Ley de ISR indica que tienes el deber de pagar impuestos.
Las criptomonedas cambiaron el sistema económico mundial, incluyendo la forma de hacer negocios y por ende, la forma en la que se recaudan los impuestos, y en México esto no fue la excepción.
De acuerdo con un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta finales de 2021 el mercado cripto una cifra máxima de 3 billones de dólares. Se calcula hoy en día hasta el 20 por ciento de la población adulta de Estados Unidos posee o ha poseído criptomonedas.
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Para muchos de sus usuarios, las creación de los activos digitales implicó una bocanada de aire fresco ya que les permitió liberarse de las vigilancia instituciones financieras.
A pesar de las bondades que tienen que ofrecerle al mundo, los criptoactivos también representan un peligro para la seguridad. Uno de los ejemplos más famosos fue el caso FTX, una de las casas de cambio más grandes del mundo, en el que defraudó a más de 1.2 millones de usuarios. Además, el anonimato que bribna su uso han puesto a temblar a las autoridades de todo el mundo.
“El elemento de anonimato inherente a los criptoactivos plantea problemas de aplicación que llevan mucho tiempo asociados al uso de dinero en efectivo. Éstos, a su vez, plantean problemas de coherencia en la fiscalidad de las rentas del capital y en la fiscalidad de las ventas finales”.
FMI
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Los hilos conductores que unen a las criptomonedas y al mundo criminal son innegables. Durante 2021 Chainalysis, compañía que analiza tecnología blockchain, informó que aproximadamente 400 millones de dólares en activos digitales fueron destinaron a grupos rusos vinculados ciberataques.
La principal razón por la que los delincuentes prefieren que sus cuentas bancarias estén llenas de criptodivisas y no otro tipo de pago, es la ventana de oportunidad para evadir impuestos que les brinda el mercado.
En México desde 2020 existe la Norma de Información Financiera (NIF) C-22, que contiene las normas para registrar en los libros contables la posición propia en criptomonedas y los gastos generados en su minería. También contiene el tratamiento contable que debería seguirse en aquellos casos en los que las monedas digitales no son propiedad de la entidad que las custodia.
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Sin embargo, aún no existen disposiciones que definan lo que son las criptomonedas para efectos fiscales. Eso significa que no se sabe cuál es el tratamiento que las autoridades deben asignarle en materia de ISR e IVA al mineo, la compra, el uso de criptomonedas para el pago de bienes o servicios, etc.
Esto puede resultar algo complicado, aunque para efectos prácticos la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) explica que sin un marco legal hecho específicamente para los criptoactivos, se puede establecer que las operaciones de su venta se ajustan a la figura de enajenación de bienes.
Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 126, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el pago provisional será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20 por ciento sobre la cantidad generada por la operación.
El documento agrega que cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales cuyo monto de la operación sea menor a los 227 mil 440 pesos se libera de la obligación de retención del impuesto.
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Imagina que ganaste 1 millón de pesos gracias a las ventas de criptomonedas. Atendiendo la ley fiscal mexicana, será necesario que deposites doscientos mil pesos a las cuentas públicas.
Este descuento se te notificará después de que hagas tu declaración anual ante el SAT de criptomonedas. En ese momento las autoridades analizarán los rendimientos totales de tu labor, de esa misma forma se aplicarán los cargos oportunos.
Si decides no declarar las ganancias obtenidas gracias al comercio de activos digitales podrías se acusado de evasión de impuestos. Este delito es castigado con penas de prisión que podrían ir desde los 3 meses hasta los 9 años, según el Código Fiscal de la Federación, dependiendo del monto total que consideren que fue evadido.