Si pensamos que los casos de corrupción se quedaron en 2025, les anticipo que 2026 será terreno fértil para malas prácticas.
Si 2025 dejó una estela de escándalos, 2026 no será el año de la calma. Al contrario: las sombras de la corrupción, el lavado de dinero y el oportunismo político se alargarán como nunca.
Este año se perfila como un terreno fértil para malas prácticas —no por ausencia de controles, sino por su captura o su neutralización estratégica—.
MIT SMR México se financia mediante anuncios y sociosDesde la fuga de petrodólares venezolanos hasta un Mundial que pasará «en la sombrita», y un volantazo geopolítico hacia la derecha, los signos son claros: 2026 será un año peligroso para la gobernanza y la rendición de cuentas.
No necesitamos más lecciones de marketing de crisis geopolíticas
Venezuela ha sido durante décadas sinónimo de mala gestión y corrupción. Pero si parecía que ya se había visto todo, 2026 demostrará lo contrario. La crisis de recursos —que pierde valor como hielo que pasa de mano en mano— se profundizará. Los petrodólares, en particular, circularán por rutas opacas, sin supervisión clara y con incentivos abiertamente perversos.
Un factor clave será la promesa de Donald Trump de «controlar» activos venezolanos. Aquí surge el enredo legal: ese petróleo no es propiedad de Estados Unidos, por lo que no puede ser auditado por su Congreso.
En teoría, solo las autoridades venezolanas podrían hacerlo. En la práctica, es difícil imaginar una autoridad de rendición de cuentas —o peor aún, un tribunal venezolano— capaz o dispuesta a ejercer jurisdicción sobre empresas estadounidenses. El resultado es simple: desde el gobierno, nadie podrá supervisar cómo se administra ese petróleo.
El segundo factor decisivo es que Trump ordenó pausar la aplicación de las leyes anticorrupción estadounidenses para que sus empresas pudieran operar en el extranjero sin las «molestas» restricciones de no ser unos corruptazos. Así, desde el sector privado tampoco habrá incentivos para acceder a esos recursos de forma transparente.
Sin pesos sobre las autoridades que administran el petróleo venezolano ni contrapesos sobre quienes lo extraen y procesan, el crudo se convierte en un botín desamparado. El resultado será un éxodo de recursos sin precedentes, sin trazabilidad pública y con escasas probabilidades de rendición de cuentas. Quienes deben actuar no pueden; quienes pueden, no quieren.
2026 será también el año del Mundial compartido entre México, Estados Unidos y Canadá. En teoría, un evento global que debería generar cooperación y beneficios públicos. En la práctica, la rendición de cuentas será pobre, superficial y en muchos casos inexistente.
En ambos países, el poder ejecutivo controla de facto los contrapesos. En Estados Unidos, los mecanismos de supervisión de la contratación pública están crecientemente capturados por intereses políticos, lo que deja los recursos destinados a estadios, infraestructura y logística expuestos a sobreprecios y contratos sin competencia real.
En México, la corrupción estructural no solo no disminuirá, sino que se intensificará: grandes volúmenes de efectivo, obras urgentes y discrecionalidad ampliada son una combinación conocida.
A esto se suman dos fenómenos. Primero, visitantes internacionales en EE.UU. sin claridad sobre cómo actuará ICE, lo que incentivará economías informales alrededor del evento. Segundo, en México, residentes y turistas estarán especialmente expuestos a la delincuencia organizada.
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera concentrará esfuerzos en aplicar la nueva ley antilavado, desplazando investigaciones más complejas hacia tareas administrativas.
El mayor flujo de efectivo, especialmente de extranjeros, combinado con controles débiles, será terreno fértil para el lavado bajo el ruido del Mundial.
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Finalmente, 2026 puede marcar un punto de inflexión geopolítico. La salida de EE.UU. de organismos internacionales, el ascenso de la ultraderecha y actos de autoritarismo —como la intervención en Venezuela— no son hechos aislados, sino síntomas de una tendencia.
A corto plazo, otros gobiernos autoritarios se sentirán envalentonados para violar el derecho internacional sin temor a consecuencias. A mediano plazo, esta erosión normativa alimentará procesos electorales dudosos y cuestionamientos a la legitimidad institucional. A largo plazo, el avance de gobiernos opacos reducirá la rendición de cuentas, lo que —siempre— incrementa la corrupción.
Conclusión. En 2026, la corrupción y el lavado no solo persistirán: se expandirán bajo un manto de impunidad silenciosa. No por falta de leyes, sino porque los mecanismos para hacerlas valer estarán debilitados, capturados o desbordados. Y en ese vacío, el poder sin escrúpulos siempre encuentra cómo prosperar.
