La contratación de personas con antecedentes penales ayuda a las empresas a encontrar colaboradores más fieles y a su reinserción laboral y social.
Abril fue designado Mes de la Segunda Oportunidad en Estados Unidos reconociendo la importancia de apoyar la reinserción social y laboral de las personas encarceladas. En un contexto de escasez de mano de obra, el beneficio potencial de apoyar a estos miembros de la comunidad es más significativo que nunca.
A medida que la economía estadounidense se recupera tras la recesión provocada por la pandemia, los empresarios se esfuerzan por cubrir casi 10 millones de puestos de trabajo vacantes. Al mismo tiempo, más de 70 millones (1 de cada 3) de adultos estadounidenses tienen algún tipo de antecedente penal. Eso que crea barreras sustanciales, y a menudo irrazonables, al empleo.
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Las empresas, grandes y pequeñas, buscan cada vez más aprovechar la mano de obra afectada por la justicia para satisfacer la demanda y ser más inclusivas. Tras el asesinato de George Floyd en 2020, el sistema de justicia de Estados Unidos se ha sometido a un ajuste de cuentas ya que existe una gran oportunidad para combatir la enorme desigualdad que perpetúa el encarcelamiento masivo. Ayudar a las personas con antecedentes penales a recorrer con éxito el camino hacia un trabajo significativo es una forma de hacer ambas cosas.
Estos esfuerzos pueden hacer algo más que ofrecer a los empresarios acceso a una reserva de talento diversa e infrautilizada. En Estados Unidos, 1 de cada 4 hombres negros puede esperar pasar un tiempo en prisión. Ese fenómeno hace que los varones negros tengan la participación laboral más baja entre los hombres.
Ayudar a las personas con antecedentes a incorporarse a la población activa puede contribuir a combatir la desigualdad racial en Estados Unidos. Además de cumplir los compromisos y las promesas públicas de inclusión y justicia social, y a crear comunidades más seguras.
Las investigaciones han demostrado que el acceso a buenos empleos es un factor crítico para reducir las tasas de reincidencia. Las personas que permanecen desempleadas dos meses después de su reinserción tienen el doble de probabilidades de reincidir.
Además, se ha comprobado que los empleados afectados por la justicia tienen mayores tasas de retención y menor rotación que la población general, lo que supone un importante ahorro de costes de contratación. Por otra parte, el 85% de los responsables de RRHH han informado de que las contrataciones de segunda oportunidad rinden igual o mejor que los empleados sin antecedentes penales. Lo que sugiere que la contratación de personas excarceladas puede aumentar realmente la productividad de las empresas.
Justicia racial, clave en la estrategia de marca
Los empresarios están adoptando diversas medidas para aumentar el acceso al empleo de las personas afectadas por la justicia. Las empresas que adoptan prácticas de contratación de segunda oportunidad (SCH) y modifican sus procesos de solicitud y entrevista para tener en cuenta a las personas afectadas pueden abrirse a este grupo marginado.
Empresas de renombre como Walmart, JPMorgan Chase y The Home Depot han adoptado este tipo de medidas y han visto los beneficios. El Consejero Delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, declaró:
“Ofrecer una segunda oportunidad dignifica a las personas y les permite mantener a sus familias. También ayuda a empresas como la nuestra a ampliar el número de personas que contratamos para asegurarnos de obtener los mejores talentos”.
Algunas empresas han ido incluso más lejos, asociándose con otras organizaciones para ofrecer oportunidades profesionales significativas a personas con mayor riesgo de encarcelamiento. Por ejemplo, el año pasado la Responsible Business Initiative for Justice (RBIJ), una organización internacional sin ánimo de lucro, puso en marcha Unlock Potential.
Ese es un programa de contratación financiado por Walmart que colabora con grandes empresas, como Delta Air Lines, Ben & Jerry’s y AutoZone. En él ofrecen oportunidades profesionales significativas a jóvenes vulnerables. A través de su trabajo, el programa ayuda a las empresas a mitigar las consecuencias, a menudo de por vida, de los antecedentes penales.
A pesar de algunos avances, está claro que se necesita un cambio más fundamental y sistémico para reducir las barreras laborales para las personas con antecedentes penales. Las empresas están aprovechando su influencia para impulsar la reforma a través de medidas como la legislación “clean slate” (borrón y cuenta nueva). La iniciativa sella automáticamente los antecedentes penales que cumplen los requisitos después de un determinado periodo.
La justicia social requiere una estrategia empresarial integral
Ningún electorado es más importante para los legisladores que los empresarios y los inversores. El Barómetro de Confianza Edelman de 2022 reveló que las empresas gozan de más confianza que el gobierno o los medios de comunicación. Al apoyar públicamente los esfuerzos legislativos, las empresas pueden animar a los legisladores a dar prioridad a estas cuestiones.
En Colorado, por ejemplo, más de 30 empresas apoyaron en mayo de 2022 la Ley de Pizarra Limpia mediante declaraciones públicas firmadas, ruedas de prensa, publicaciones en redes sociales y artículos de opinión. Gracias en parte a estos esfuerzos, el proyecto se convirtió en ley, concediendo alivio a unos 1,3 millones de personas en todo el estado.
Todavía existen barreras que impiden a las empresas participar en la contratación de segunda oportunidad. Según la investigación de la RBIJ, hay tres obstáculos centrales:
La solución a estos tres retos reside en la colaboración. Al asociarse con organizaciones comunitarias y organizaciones sin ánimo de lucro, las empresas pueden acceder a una cantera de empleados cualificados. Además, pueden recibir la formación y la asistencia técnica necesarias para ajustar sus infraestructuras de contratación.
Estas asociaciones ofrecen oportunidades para el intercambio entre iguales, en el que los empresarios pueden aprender de los que han aplicado con éxito programas de SCH. Unlock Potential es uno de los programas diseñados para satisfacer estas necesidades.
La organización nacional sin ánimo de lucro Persevere pone en contacto a las empresas con organizaciones comunitarias para identificar talentos. Además de garantizar que las personas contratadas dispongan de los servicios integrales que necesitan para tener éxito en su trayectoria laboral.
Cómo lograr justicia social-empresarial
A menudo, las empresas dudan en apoyar los movimientos reformistas por tres motivos principales:
Tras el asesinato de George Floyd, miles de empresas publicaron declaraciones de apoyo. Sin embargo, la reacción contra las que se consideraron poco sinceras no se hizo esperar. Desde entonces, muchas empresas se han mostrado reticentes a pronunciarse sobre cuestiones de justicia.
Para hacer frente a estas preocupaciones, las asociaciones intencionadas con organizaciones de campaña sobre el terreno pueden proporcionar a las empresas la información y proximidad. Eso con el objetivo de hablar con autenticidad y credibilidad, y evitar errores.
También pueden ayudar a las empresas a neutralizar cualquier reacción política enmarcando las reformas propuestas como lo que son: soluciones de sentido común con respaldo bipartidista.
Esto permite a las empresas utilizar su capital político y social para crear un cambio real y derribar las barreras laborales para las personas afectadas por la justicia.
La recompensa de estos esfuerzos es cada vez más evidente. Los empleadores del SCH se benefician de reservas de talento más profundas, amplias y diversas en un momento en que más las necesitan.
La calidad de las contrataciones también está produciendo beneficios fiscales. El fundador de MOD Pizza, Scott Svenson, escribió en 2022 que su empresa ha constatado sistemáticamente que:
“Los empleados que se implican en la justicia son miembros leales y productivos del equipo, con el valor y la resistencia que valoramos. Esto se ha traducido en una menor rotación, mayor retención y mayores tasas de promoción interna, lo que a su vez ha ahorrado miles de euros en costes de contratación y formación”.
La aprobación de leyes de depuración de antecedentes penales en 10 estados también ha dado lugar a beneficios generalizados. Por ejemplo, tasas de empleo más elevadas, mayores ingresos y menores índices de reincidencia. Investigadores de Michigan descubrieron que un año después de la eliminación de antecedentes, las personas tienen un 11 por ciento más de probabilidades de estar empleadas. Además, se demostró que ganan más de un 22 por ciento más de sueldo.
¿Qué papel juega la reputación en la era digital?
Teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que, según encuestas recientes, el 80% de las pequeñas empresas crean que las políticas de depuración de responsabilidades abrirán las bolsas de solicitantes de empleo, aumentarán la productividad y la diversidad de la mano de obra y ahorrarán dinero en impuestos.
Las recompensas del talento que repercute en la justicia son claras y se necesitan con urgencia. Las asociaciones son la clave para desbloquearlos.
Ben Cumming es Director de Comunicación de la Iniciativa Empresarial Responsable por la Justicia. Como parte del equipo directivo, también ayuda a orientar la dirección estratégica, la gestión y el crecimiento de la organización sin ánimo de lucro. Forma parte del consejo de administración de las organizaciones benéficas Youth Voice Trust y Action on Poverty y ha publicado artículos en PRWeek, Real Leaders y The Telegraph.