Bajos salarios y largas jornadas en seguridad privada causan rotación anual del 80%

La seguridad privada en México vive una gran contradicción. Los índices delictivos y la percepción de inseguridad no han dejado de incrementar en los últimos años y con ellos, la demanda de servicios de vigilancia. Según Joel Juárez Blanco, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad (Amesp), que agrupa a las mayores empresas del sector, en el último año la industria ha crecido un 18 por ciento. Sin embargo, los márgenes son cada vez más pequeños.

La razón es sencilla: si bien la demanda está creciendo a dobles dígitos, la oferta aún crece más rápido. La mala noticia, tanto para las empresas formales como para los trabajadores, es que gran parte de la nueva oferta viene de empresas que no cumplen con las normas administrativas, laborales y de seguridad, valga la redundancia, que rigen el sector. “Al trabajar tantas empresas hay una sobreoferta de servicios y precios bajos”, afirma Juárez.

Además de dirigir GSI, con sus 40 mil empleados una de las principales empresas del ramo a nivel nacional, Juárez Blanco también es vicepresidente de la Amesp y en esta calidad contesta en la oficina de su empresa en el centro de Ciudad de México a las preguntas de Factor Capital Humano sobre los principales desafíos del ramo en materia de gestión de recursos humanos.

Crecimiento al margen de la ley

Joel Juárez explica: “Muchas de las nuevas empresas crecen al margen de la ley. Creen que basta con darle un uniforme y tolete a alguien y ponerlo a trabajar. Y lamentablemente, quienes nos preocupamos por darles un salario digno y las prestaciones de ley a los trabajadores y capacitarlos, vemos cómo muchos clientes solo contemplan los costos”.

“Es lo que el mercado pide, el cliente lo determina”. Durante la entrevista, Juárez no deja de repetir estas palabras. Como ocurre en todos los sectores donde hay libre competencia, las compañías de seguridad privada tienen que ser flexibles y adaptarse a las necesidades de sus clientes.

Al mismo tiempo, el directivo de la patronal afirma que parte de la la solución a la elevadísima rotación de personal en el sector, que es de 80 por ciento anual, está en mejores salarios: “Nos permitiría bajar la rotación y formar mejor a la gente. Tiene que haber una remuneración justa. Lamentablemente, no es el caso y resolverlo es una labor del mercado, de las autoridades y de nosotros”.

Jornadas de 12 a 24 horas

Según Juárez, el salario promedio de un oficial de seguridad dedicado a labores de vigilancia, la mayor parte del los servicios que presta el sector, oscila entre los 6 mil a 7 mil pesos mensuales. Si bien existen casos donde hay margen para mejores salarios, “… muchos grandes clientes corporativos someten tanto al proveedor que lo obliguen a bajar aún más remuneraciones”.

Además de los bajos sueldos, el otro factor clave en la elevada rotación de personal en el que el mercado tiene un papel fundamental, son las largas jornadas de trabajo.

El directivo explica que ocho de cada diez servicios de vigilancia se prestan en turnos de 12 horas de trabajo seguidos de 12 de descanso. “Imagínese que a una jornada de 12 horas tenemos que sumar el tiempo de los desplazamientos, aunque siempre tratamos de ubicarlos cerca de su casa, y algo de tiempo con su familia. ¿Qué va a ser su descanso? Nulo”.

Las labores de un oficial de seguridad son siempre a pie. “Imagínese doce horas parado, con un descanso de un día por semana”. Juárez señala que no es lo quieren las empresas de seguridad. “Nosotros siempre les sugerimos a nuestros clientes turnos de 12 horas, seguidos de 24 horas de descanso, o aún mejor, “como en los países desarrollados”, jornadas de 8 horas y dos días de descansa semanales. “Así tendrías vigilantes frescos y concentrados. Pero, volvemos a la cuestión de los costos. En ambos casos, necesitaríamos más personal, algo que nuestros clientes no están dispuestos a pagar”.

¿Y si la ley prohibiera jornadas tan largas como existen ahora? “Hemos venido hablando del tema con las autoridades y con los legisladores, pero no hemos tenido mucha receptividad al respecto”.

Corrupción en otorgamiento y renovación de licencias

Según Juárez, parte del origen y de la solución de los problemas del sector corresponde a las autoridades, tanto federales como estatales. Para poder operar en un estado determinado, todas las empresas de seguridad tienen que solicitar una licencia a la respectiva secretaría de seguridad estatal.

Independientemente de esta obligación de registro estatal, y su correspondiente renovación anual, las empresas que quieren operar a nivel nacional tienen que hacer el mismo trámite ante la Dirección Nacional de Seguridad Privada que depende de la Comisión Nacional de Seguridad.

Juárez afirma que “… hay que intentar que las autoridades aprieten a las empresas que trabajan al margen de la ley, que no investigan los antecedentes socio-económicos de sus vigilantes, que no les pagan su seguridad social, que no los capacitan, y un larguísimo etcétera”.

Cuando se le pregunta al directivo si hay corrupción en el proceso de otorgamiento y renovación de licencias para este tipo de empresas, su respuesta es afirmativa: “Desde luego hay corrupción. Sigue creciendo el número de empresas toleradas que no tienen oficiales de seguridad registrados y por ejemplo no cumplen con los procesos de revisión anuales”.

"Empresas debidamente registradas, las menos"

Según Juárez, sumando los registros federales y estatales, existen unos 3,500 registros de empresas de seguridad privada en todo el país. “En el caso de GSI, tenemos más de 30 permisos. En realidad, las empresas debidamente registradas son las menos.”

La Amesp representa 34 grandes empresas de seguridad transnacionales y nacionales que emplean a más de 100,000 personas y estima que todo el sector genera unos 750,000 empleos, de los cuales un 30 por ciento son ocupados por mujeres. En vigilancia, la actividad más común, el 75 por ciento del gasto operativo suele ir destinado al pago de sueldos, prestaciones, impuestos por cargas sociales.

El ejecutivo calcula que solo un 65 por ciento de los vigilantes de las empresas de seguridad privada está registrado antes las autoridades como tal. Hacer el proceso de registro ”le corresponde a la empresa y no al trabajador, como ocurre en los países desarrollados”.

Proceso de registro

Para registrar a un oficial de seguridad, la empresa tiene que integrar todo el expediente del empleado (cartilla de servicio militar, carta de antecedentes, comprobante de estudios, de domicilio, estudio socio-económico) y presentarlo ante las autoridades. “Si el empleado cambia de empresa, el nuevo patrón tendrá que repetir todo el trámite. ¿Absurdo, verdad?”.

Joel Juárez afirma que no más de una decena de empresas de seguridad en México tienen una licencia de portación de armas en nombre del corporativo. “Sin embargo, muchas les dicen a sus clientes que sí las tienen y funcionan, en contra de lo que dictan las normas, con licencias de portación de armas personales, en muchos casos de exmiembros de las fuerzas de seguridad públicas”.

¿Cuántos exintegrantes de las fuerzas de orden públicas?

Los cinco pequeños empresarios y guardias de seguridad privado consultados por Factor Capital Humano para preparar esta entrevista coincidieron en que entre el 35 por ciento y el 50 por ciento de los empleados en el sector son exfuncionarios de la policía, del ejército o de la marina.

Joel Juárez rechaza esta cifra de manera contundente y afirma que es mucho más baja, aunque rehúsa dar un número exacto: “Son pocos, y ser exmilitar o expolicía tampoco tiene por qué ser algo negativo. Son personas que tienen experiencia y conocimiento. Si se les contrata, hay que analizar si son de gente de bien, en esto somos muy cuidadosos. En la Amesp, tenemos mucha cercanía con la Secretaría de Defensa Nacional para la capacitación de nuestras divisiones de seguridad armadas”.

El dirigente empresarial señala que los nombres con los que solemos referirnos a la profesión, poli, guardia, viene-viene, guarura, son apenas un reflejo de la consideración que les tenemos: “son oficiales de seguridad”.

Juárez cierra la entrevista señalando que para que el trabajo en la industria de la seguridad privada sea mejor considerado por la sociedad, y para que sea atractivo para los jóvenes, tendrá que haber unas condiciones de trabajo dignas, sobre todo a nivel de horarios y de salario.

“Para esto, las autoridades tendrán que empezar a someter a las compañías irregulares, y sobre todo, los empresarios del sector tendremos que concientizar a las empresas que compran nuestros servicios para que cuidemos a sus bienes y empleados, de que esto tiene que cambiar”.