La mayoría calificada no es solo un tecnicismo legislativo, sino un pilar fundamental de la democracia mexicana. Conocer su funcionamiento y su importancia permite a los ciudadanos entender mejor el proceso legislativo, proteger sus derechos, y participar de manera más activa en la vida democrática del país.
En el mundo de la política y el derecho, existen términos que, aunque pueden parecer lejanos, tienen un impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos. Uno de estos conceptos es la mayoría calificada, un mecanismo esencial en el proceso legislativo de México.
Entender qué es este concepto y cómo funciona no solo es importante para los gobernantes, sino también para todos los mexicanos. Es ampliamente aplicada en el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), esta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las Cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación.
“Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada. En la Cámara de Senadores se requerirían 85 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría”.
En general, se considera mayoría calificada a aquella donde se exigen porcentajes especiales de votación. Por ejemplo, dos tercios o tres cuartas partes del número total de votos o votantes.
Su significado se explica en la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas integrantes, que vayan más allá de la simple mitad. La mayoría calificada sirve sobre todo cuando someten a votación reformas legales o asuntos trascendentes.
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Uno de los aspectos más importantes de la mayoría calificada es que actúa como una salvaguardia democrática. Requerir un consenso amplio para la aprobación de decisiones importantes evita que cambios significativos sean impuestos por una mayoría simple.
Este mecanismo asegura que solo las decisiones con un amplio respaldo entre los legisladores, y por ende, entre los representantes del pueblo, sean implementadas. Esto es fundamental para la estabilidad política y la continuidad de un sistema democrático robusto.
Giovanni Sartori, describió a la mayoría calificada como aquella que prevalece sobre las minorías, pero estas también cuentan.
De acuerdo con Laura Baca, profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, esto quiere decir que reconoce la capacidad de mando de la mayoría. Pero al mismo tiempo se tutelan los derechos de las minorías, que en una democracia son inalienables y principio fundamental para el diálogo.
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Conocer y entender el concepto de mayoría calificada fomenta la transparencia y la participación ciudadana. Los ciudadanos informados son capaces de exigir mayor rendición de cuentas a sus representantes y de participar de manera más efectiva en el debate público.
Cuando la población comprende cómo y por qué se toman ciertas decisiones legislativas, puede involucrarse más activamente en el proceso democrático. Puede ser a través de la votación, la participación en consultas públicas o la organización de movimientos sociales.
En un análisis, Alfonso Herrera García, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, puso en duda este término esencial para la política mexicana.
Según el experto, la mayoría calificada se piensa como un obligado ajuste procedimental a un problema teórico. Se introduce como una compensación técnica que reste gravedad a la ilegitimidad democrática de la función judicial.
“Implementa un modelo que complica la consecuencia natural de un razonamiento mayoritario que solo obtiene el acuerdo del 50 + 1. La invalidez efectiva de lo inconstitucional”.
Incluso, precisó que la mayoría política es un concepto que debería de eliminarse ya que sirve para favorecer la desestimación y no al rigor jurídico de privilegiar el análisis de fondo y la eventual decisión de que una ley viola la Constitución.
Es decir, permite a los actores políticos, con representación mayoritaria en los Congresos o en el Senado de la República, calcular la aprobación de normas con potencial violatorio.
“En un Estado de derecho nos interesa que cuando surgen controversias respecto al contenido y alcances de la Constitución se resuelvan de conformidad con el más amplio acuerdo posible al interior de la Corte”, agregó.