La generación Afore enfrenta un retiro incierto, con pensiones que podrían representar solo entre 25 y 30 por ciento del salario. De ahí la urgencia de fortalecer el ahorro voluntario.
Durante décadas, el retiro en México operó bajo una premisa de certidumbre absoluta cimentada en la Ley de 1973: el trabajo sostenido garantizaba una pensión subsidiada por el Estado y calculada sobre el salario final.
Ese pacto social, basado en un beneficio definido, se extinguió. Hoy nos enfrentamos a la inminente jubilación de la “generación Afore”, el primer contingente demográfico que laboró íntegramente bajo las reglas de 1973 y que, al cruzar el umbral de los 50 años, comienza a ver una fría realidad matemática.
MIT SMR México se financia mediante anuncios y sociosEl diseño del sistema de cuentas individuales (Afores) tuvo como objetivo primario salvaguardar las finanzas públicas, transfiriendo el riesgo de longevidad y de mercado del Estado hacia el trabajador.
Sin embargo, la viabilidad de este retiro depende de la tasa de reemplazo, el porcentaje del último salario que se percibe como pensión. Mientras el consenso financiero sitúa el nivel óptimo de bienestar en un 70 por ciento, las proyecciones para la generación del 97 oscilan entre un precario 25 y 30 por ciento.
La traducción monetaria de esta brecha es alarmante: un ejecutivo que hoy percibe 30 mil pesos mensuales se dirige hacia una pensión de apenas 9 mil pesos. Para el profesional que ya navega la quinta década de vida, esto deja de ser una proyección para convertirse en una crisis de liquidez.
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El defecto estructural del sistema Afore no es solo financiero, sino sociológico: supone una carrera lineal, ininterrumpida y corporativa de 40 años. La economía mexicana, con una tasa de informalidad persistente del 55 por ciento, no opera bajo esa lógica.
Gran parte de la fuerza laboral actual ha oscilado entre el empleo formal y el trabajo independiente. Estas “lagunas” de cotización detienen el interés compuesto del ahorro.
No es atípico encontrar trabajadores que, tras una vida de actividad económica, arriban a los 65 años sin las semanas oficiales necesarias para acceder a una pensión completa, desnudando la desconexión entre el diseño de política pública y la dinámica real del mercado de trabajo.
La reforma al sistema de pensiones de 2020 intentó corregir el rumbo elevando gradualmente la contribución patronal, que llegará al 15 por ciento en 2030, y reduciendo las semanas cotizadas requeridas.
Aunque en el papel esto duplica la tasa de ahorro obligatorio, no resuelve el problema de fondo para quienes orbitan la informalidad o el emprendimiento.
Bajo el escenario más optimista post-reforma, la tasa de reemplazo podría situarse entre el 44 y el 59 por ciento. Sigue siendo un déficit considerable frente al 70 por ciento necesario para mantener la calidad de vida. La reforma mitiga el desastre, pero no garantiza la dignidad financiera.
A mis 20 no me preocupaba… ni la pensión, el SAT o la Afore
Ante la insuficiencia del ahorro obligatorio, el ahorro voluntario deja de ser un mecanismo de previsión para convertirse en una herramienta de supervivencia financiera. Aquí es donde el Plan Personal de Retiro (PPR) se reposiciona, no como un producto de seguros, sino como una estrategia fiscal de alto impacto.
El PPR ofrece una triple ventaja patrimonial rara vez vista en otros instrumentos:
Históricamente, los PPR eran productos rígidos, con barreras de entrada altas y gestionados por aseguradoras tradicionales. Sin embargo, la irrupción de plataformas fintech reguladas por la CNBV, ha desmantelado esa rigidez.
La tecnología ha permitido transformar estos planes en instrumentos flexibles y 100 por ciento digitales, eliminando la burocracia de sucursales y permitiendo aportaciones discrecionales adaptadas a la volatilidad de los ingresos modernos.
La transición demográfica y el cambio de ley son hechos consumados. Ya sea que al trabajador le resten diez o treinta años de vida laboral, la diferencia entre un retiro precario y uno solvente ya no depende del gobierno ni del empleador, sino de la capacidad individual para transitar de una espera pasiva a una estrategia de inversión fiscalmente eficiente.
Anahí Sosa es Country Manager Fintual México.
