Los gobiernos de América Latina, como en el resto del mundo, se apresuran legislar el mercado cripto. Algunos países se han mostrado abiertos y positivos, pero hay casos que son muy diferentes.
De acuerdo con The 2021 Geography of Cryptocurrency Report, elaborado por Chainalysis, Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil se encontraban en el Top 20 de países que recurren a criptoactivos en el mundo.
En Latinoamérica se realizó 9% de todas las transacciones en criptoactivos a nivel mundial entre junio de 2020 y junio de 2021, por un valor de 352,800 millones de dólares. El primer lugar por valor total de los flujos lo ocupa Brasil, seguido de Argentina, México, Venezuela y Colombia.
¿Qué está pasando en los criptomercados?
En cuanto a las razones para su uso, éstas van desde la intención de acumular valor y participar de los nuevos mercados, hasta la defensa en contra de la alta inflación y la pérdida de valor de la divisa nacional en algunos países.
La aceptación de los criptoactivos en cualquiera de sus formas es una tendencia que no se ha detenido en todo el mundo, pero no hay una receta perfecta para adoptarlos.
Cada país ha elegido diferentes formas de acercarse a estos activos, incluyendo a los de la región de Latinoamérica, en donde existen diferentes actitudes y velocidades. A la vanguardia está El Salvador, con su muy singular adopción del bitcoin como moneda de curso legal, y son muy pocos los gobiernos que no están interesándose en el tema. La mayoría busca la forma en que el mundo cripto pueda beneficiar a sus economías y finanzas con el menor riesgo posible en materia de seguridad tanto para las personas como para los Estados.
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La instalación de un cajero automático de bitcoins en el Senado de la República en México hace unos meses es un buen símbolo del lanzamiento de una discusión sana sobre esta clase de activos financieros, justo en el centro del Poder Legislativo de este país. No se puede decir que el tema esté en primer lugar en la lista de pendientes de los legisladores mexicanos, pero por el momento existen tres propuestas de ley acerca del uso de criptoactivos por discutirse en comisiones.
Una de ellas propone directamente la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, y fue introducida al Senado el 20 de abril por la autora de las otras dos iniciativas: Indira Kempis, una joven senadora por Nuevo León que ha adoptado el tema como propio. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos. Nada garantiza que ésta avance hasta el pleno o sea aprobada en un futuro inmediato, pero el paso ahí está.
El Banco de México, la autoridad financiera central del país, ha sido mucho menos entusiasta respecto de los criptoactivos. Hasta hoy, la institución ha estado a favor de aislarlos totalmente del sistema financiero, negando la posibilidad de que cualquier banco mexicano pueda tener posiciones o hacer operaciones con clientes utilizando criptoactivos. Sin embargo, su posición hacia la tecnología blockchain y las CBDC en particular es más abierta, como se comentó en una colaboración anterior.
El banco permite utilizar los criptoactivos como un medio legítimo de pago y reconoce a los exchanges cripto a través de la Ley Fintech, siempre y cuando se mantengan diferenciados del sistema financiero formal.
Como sucede en México, Argentina tiene propuestas de ley navegando por sus Congresos. Sin embargo, en el gobierno argentino no hay un consenso sobre el tema, ya que lo mismo hay propuestas para regular al mundo cripto, que algunas más recientes con claros objetivos recaudatorios, que podrían terminar inhibiendo su uso.
En Chile no existe una legislación, pero gran parte del manejo de criptoactivos se contempla en una Ley Fintech que por ahora se discute en el Congreso. Panamá estuvo muy cerca de contar con una ley que hubiera permitido a sus ciudadanos el uso de diversos criptoactivos, no sólo bitcoin, pero ésta fue parcialmente vetada por el presidente Laurentino Cortizo en junio pasado, quien pidió más cambios para prevenir el lavado de dinero.
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En Brasil, una ley para el uso de criptoactivos, que no llega a la adopción de éstos como monedas de uso legal, también fue aprobada por el Senado, pero aún debía pasar por la Cámara de Diputados y resistir un posible veto del presidente Jair Bolsonario. Igualmente, este país adoptó un entorno de pruebas regulatorio o sandbox, que funcionará durante los próximos tres años.
Este mes de julio, Paraguay dio un paso adelante, con la aprobación en el Senado de una ley de criptoactivos que incluye la regulación de la minería, la cual ahora espera su publicación por parte del presidente Mario Abdo.
Colombia abrió un sandbox regulatorio para conocer mejor sobre el tema también, pero en esa práctica, al contrario de México, sí permite conectar a los criptoactivos con su sistema financiero convencional. En Ecuador es el banco central el encargado de elaborar un marco regulatorio, que deberá estar listo este mismo 2022.
Finalmente, en julio pasado Honduras anunció su proyecto Bitcoin Valley en la ciudad turística de Santa Lucía, a 20 minutos de la capital, Tegucigalpa. En realidad se trata de un proyecto de corte turístico, en donde se espera capacitar a 60 comerciantes para admitir bitcoins en los productos y servicios adquiridos por los visitantes.
El concepto incluye un sistema para reembolsar rápidamente a los empresarios el monto en la moneda local, para evitar el riesgo de fluctuación en el criptoactivo. Como sucede en otros países, al Banco Central de Honduras no le gusta esto, pero se limitó a expresar su no respaldo a la idea.
El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en instaurar al Bitcoin como una moneda de curso legal, y promover su uso en transacciones comerciales y fiscales entre toda su población.
Aún es temprano para evaluar los resultados de esta iniciativa, si bien un estudio estadístico del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, realizado en febrero pasado, indica que hasta ahora menos del 60% de la población descargó la billetera digital promovida por el gobierno, mejor conocida como Chivo Wallet.
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Aún más, menos del 20% de los encuestados reportaron seguir utilizándola, luego de gastar los 30 dólares que el gobierno depositó en cada cuenta como estímulo para su uso. Igualmente, apenas 20% de los negocios declararon aceptar pagos en bitcoins, y sólo los establecimientos más grandes. Más aún, la mayoría de los establecimientos cambian sus ingresos a dólares y los convierten en efectivo. Según datos a febrero, apenas 1.6% del crucial monto de remesas internacionales que ingresan a El Salvador se efectuó por medio de una wallet.
Además, el modelo salvadoreño tuvo que resistir una fuerte ola de críticas, cuando el valor del bitcoin sufrió su dramática caída este año. Ello porque, además de permitir y fomentar su uso, el gobierno del presidente Nayib Bukele también invirtió en bitcoins como parte de sus reservas, lo cual implicó una pérdida fuerte en el valor de sus activos. Sin embargo, el presidente se ha plantado en su posición, y asegura que continúa comprando bitcoins para aprovechar la caída.
En el otro extremo está Bolivia, que optó por la prohibición de usar, comercializar y negociar criptoactivos a su sistema financiero, si bien no extendió esta medida a los individuos, lo cual deja al país no tan lejos del resto del continente.
En general, los gobiernos de América Latina, como en el resto del mundo, se apresuran a ajustar sus legislaciones para alcanzar a un mercado que le lleva la delantera hasta por 10 años. La buena noticia es que en la mayor parte de los casos el enfoque de acercamiento a cripto es abierto, positivo y enfocado en la seguridad del inversionista.
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