Las pymes —para sobrevivir a la ley antilavado— necesitan ir en convoy

Ya hablamos un poco sobre los que trae la ley antilavado ^[1], pero hoy toca abordar una realidad importante (y fea) y lo que yo recomiendo como solución. Esa verdad es: quienes hicieron la ley simplemente no pensaron en lo difícil que iba a ser cumplirla. Y se lo puedo demostrar; ahora verá:

La Ley Antilavado exige requisitos nuevos para las Actividades Vulnerables^[2]. Hoy me quiero concentrar en cuatro cosas nuevas que —opino— le cargan la mano injustamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) porque ahora deberán:

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1. Hacer una evaluación de riesgos. Cada año la empresa debe:

• Conocer (y documentar) cuánto riesgo acepta para alcanzar sus metas^[3];

• Enlistar y describir cada riesgo que enfrenta, en qué la amenazan, cómo podrían suceder, qué tan probables son; cómo podrían reducirse y qué pasa cuando ya no puedan reducirlos más^[4];

• Jerarquizar los riesgos del más al menos urgente y hacer un plan para abordar cada uno^[5]

• Documentar cada paso y compararlos con los de los años anteriores.

2. Implementar mecanismos automatizados de detección antilavado. Esto implica dos trabajos importantes:

• Crear indicadores de riesgo, (tan simples como el total facturado a un cliente en X meses o tan complejas como indicadores clave de riesgo^[6] que detecten focos rojos en tipos de operaciones, personas, montos, etc.

• Implementar herramientas tecnológicas que activen alertas para esos indicadores (y, si tu operación no está automatizada, mala suerte; la ley lo exige).

3. Auditar anualmente el sistema de cumplimiento. Quizá el paso más sencillo pero caro; cada año se debe contratar a un tercero imparcial (y certificado) para que evalúe sus esfuerzos de antilavado;

4. Indagar sobre beneficiarios controladores^[7]. Cada empresa deberá hacer lo que necesite hacer para identificar a los beneficiarios controladores y recabar sus documentos. Esto puede ser tan simple como pedir una identificación o tan complicado como documentar la estructura de una sociedad o un fideicomiso.

Les digo que ni pensaron cómo íbamos a cumplir.

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Una solución en el camino

Afortunadamente hay una solución que es sofisticada y bonita: las iniciativas de acción colectiva.

Una iniciativa de acción colectiva es un proyecto que reúne a varias instituciones que —juntas— persiguen propósitos que no podrían lograr solas. Parafraseando a Baez Camargo et al (2021): Cuando los empresarios sientan que la única alternativa es violar la ley, las iniciativas de acción colectiva —si tienen a las personas adecuadas— crean alternativas nuevas^[8].

¿Para qué?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicará la nueva ley, pero —antes de empezar— debe emitir regulación para empezar a aplicarla. Ahí es donde una sola pyme tal vez no tiene voz ni voto, pero coaliciones de —por ejemplo— empresas comercializadoras de arte, inmobiliarias, joyeras, etc. sí que se pueden hacer escuchar y lograr que la regulación cree periodos de gracia, lineamientos por industria, etc. que se ajusten a la realidad de las PYMEs.

Y ahora la cereza del pastel: ¿cómo se hace eso? Fácil; acérquese a la cámara, sindicato, gremio, colegio, barra, etc. al que más confianza le tenga. Bueno, realmente es un poco más complejo, pero no mucho.

Un buen paso previo es buscar expertas legales (firmas pro bono, ONG, fundaciones, etc.) y pedirles que les ayuden a estructurar un proyecto de acción colectiva.

Ellas, con sus mil herramientas, se acercarán a la cámara u organización gremial correspondiente y podrán empezar a coordinar el proyecto.

Cierro con una idea cursi, pero no se alarme; es solo porque yo soy cursi: Solos no llegamos lejos, pero en convoy sí.

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REFERENCIAS

^[1] Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

^[2] Las  industrias más usadas para lavar dinero.

^[3] O «Perfil de riesgo».

^[4] O «Registro de riesgos»

^[5] O «Mapa de riesgos»

^[6] También Key Risk Indicators o KRIs; son parámetros a la medida que activan alertas cuando se cumplen ciertas condiciones de peligro.

^[7] Personas físicas que están detrás de cada cliente y que lo controlan (dueños, accionistas, representantes, delegados, etc.);

^[8] Baez Camargo, C., Costa, Hans,V., J., Koechlin, L. and Wannenwetsch, S. (2021) It takes a network to defeat a network: What Collective Action practitioners can learn from research into corrupt networks. Policy Brief 8, Basel Institute on Governance.

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